Han transcurrido nueve meses desde aquella noche que dejó una huella imborrable en la sociedad dominicana. Un período marcado por hogares fracturados, ausencias irreparables y una larga espera de explicaciones.
Este jueves 8 de enero de 2026 se cumple ese plazo desde el desplome del centro de diversión Jet Set, un hecho que provocó la muerte de 236 personas y más de 180 lesionadas, consolidándose como uno de los sucesos no naturales más devastadores de la historia reciente del país.
En medio del dolor persistente, el sistema judicial inicia una etapa clave. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el próximo lunes 12 el inicio de la audiencia preliminar contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, imputados por su presunta responsabilidad en el derrumbe que enlutó a cientos de familias dominicanas.
La audiencia preliminar representa una fase intermedia fundamental dentro del proceso penal. En ella, el juez deberá evaluar si el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes para que los implicados enfrenten un juicio de fondo. No se trata aún de una condena ni de una absolución, pero sí de un momento decisivo para determinar si la tragedia del Jet Set tendrá un desenlace judicial acorde con la magnitud del daño causado.
El Ministerio Público presentó acusación formal por homicidio involuntario, junto al requerimiento de apertura a juicio, señalando presuntas negligencias graves en el mantenimiento y las condiciones estructurales del emblemático centro nocturno.
La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y estuvo respaldada por un equipo de alto nivel del órgano acusador, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
También forman parte del equipo acusador el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, así como los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez, quienes sostienen que existen elementos probatorios suficientes para llevar el caso a juicio.
Mientras los tribunales se preparan para este nuevo capítulo, las familias de las víctimas continúan viviendo una realidad marcada por el vacío. Padres que perdieron hijos, hijos que quedaron sin padres, amigos que no volvieron a abrazarse. Para ellos, el paso del tiempo no ha mitigado el dolor, y la justicia no es un concepto abstracto, sino una necesidad urgente.
“Despedimos el año 2025 y tu presencia lo llenó todo. Tu arbolito parecía tintinear cuando pasábamos cerca, la cena del 24 conservó tu vajilla y el lechón que Eduardo traía cada año siguió siendo parte del ritual. Así, abrazados, reímos y lloramos junto a tu nueva familia, que ahora también es la nuestra. Gracias por dejarnos este invaluable regalo”, expresó este jueves en Instagram Melba Segura de Grullón, madre de Alexandra Grullón, fallecida en el derrumbe.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares han reiterado que este proceso no solo debe servir para determinar responsabilidades individuales, sino también para sentar precedentes que garanticen mayores controles de seguridad, supervisión estatal efectiva y sanciones ejemplares ante la negligencia que pone en riesgo la vida humana.
A nueve meses del colapso del Jet Set, la tragedia sigue viva en la memoria colectiva del país. El inicio de la audiencia preliminar no cierra heridas, pero abre la posibilidad de que la verdad salga a la luz y de que la justicia, largamente esperada, comience finalmente a tomar forma.
Los querellantes han solicitado que se establezcan responsabilidades tanto en el ámbito penal como en el civil contra los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.
En lo penal, buscan que enfrenten juicio por homicidio involuntario y negligencia grave; mientras que en lo civil, reclaman indemnizaciones que superan los millones de pesos por los daños materiales, morales y psicológicos ocasionados a las víctimas y sus familias.
