La decisión del tribunal que dictó auto de no ha lugar a favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, al establecer que actuó bajo un cuadro psicótico en el incidente ocurrido en el sector Ensanche Naco, ha generado rechazo y preocupación entre la defensa de la víctima y diversos juristas.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional favoreció al imputado, señalado como autor del hecho en el que una mujer perdió la vida y varias personas resultaron heridas, al considerar que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de los hechos.
El abogado de la víctima, Miguel Valerio, entrevistado por ACD Media este miércoles, manifestó su desacuerdo con la decisión y advirtió sobre las posibles consecuencias. “Nosotros vamos a apelar y en la apelación usted puede estar seguro que se tendrá que buscar una salida a un problema grave porque lo que haga el señor Pumarol solo será responsable el sistema judicial”, expresó.
Otros juristas también cuestionaron el fallo, señalando un posible trato desigual en este tipo de casos. El abogado Adolfo Serrano indicó que “hay que pensar en que en todas las cárceles del país hay muchísimos locos y nadie los suelta y no han matado a nadie, sin embargo están presos ahí, entonces esa decisión no es correcta”.
En la misma línea, el jurista Alexander Peter Taveras cuestionó si este tipo de medidas se aplican de manera uniforme. “¿Se verifica en esos mismos tratos con otras personas que tienen igual o peor condición? Entonces vemos que como es un caso de Piantini y Naco, con ciertas situaciones de élite, se trató de una manera más flexible, aun violándose situaciones de derecho del debido proceso”, afirmó.
Valerio también señaló incongruencias en el proceso judicial, al recordar decisiones previas del mismo tribunal. “El juez dictó medida de coerción, mantuvo la prisión en base a que descartó el informe médico de la clínica para que hubiera otro informe del Inacif; se dio el informe del Inacif que dice que él puede ir a juicio, el juez que dijo que podía ir a juicio ahí lo mandó para la calle”, sostuvo.
La decisión ha abierto además un debate entre especialistas del derecho sobre la capacidad de los centros psiquiátricos del país para manejar este tipo de casos, mientras algunos aseguran que no existen instalaciones adecuadas con seguridad policial, otros consideran que el imputado debió permanecer bajo custodia en un sistema que garantice la seguridad de terceros.
